Recuerda el Inehrm el 80 aniversario de la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial

En el marco del 80 aniversario de la declaración del estado de guerra de México, el 28 de mayo de 1942, ante los países del Eje, la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm), recuerda la histórica decisión del Congreso de la Unión con el foro virtual “La Segunda Guerra Mundial y México, 80 años”. Este encuentro académico forma parte del programa Contigo en la distancia y será transmitido por esa plataforma (www.contigoenladistancia.cultura.gob.mx) y las redes institucionales del Inehrm en Facebook (/inehrm.fanpage), en Twitter (@inehrm) y en YouTube (Canal INEHRM), el martes 31 de mayo a las 17:00 horas, hora del centro de México. Esta actividad contará con la participación de la historiadora e historiógrafa Elmy Grisel Lemus Soriano, de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco; la historiadora y gerontóloga Tamara Gleason Friedberg, de la University College de Londres, y los historiadores César Valdez Chávez, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Veremundo Carrillo Reveles, investigador del Inehrm. La entrada de México a la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1942, tras el hundimiento por submarinos alemanes de los barcos Potrero del Llano y Faja de Oro, elevó la preocupación del gobierno de Manuel Ávila Camacho no solo por posibles agresiones externas, sino también por la seguridad interior. El presidente Ávila Camacho solicitó al Congreso de la Unión la declaración de estado de guerra, no solo por el hundimiento de las embarcaciones mexicanas, sino también por la clara actitud antifascista de nuestro país y las protestas realizadas ante los abusos, invasiones y agresiones llevadas a cabo por los países del Eje. La Cámara de Diputados, el 28 de mayo de 1942, aprobó por unanimidad el decreto presidencial mediante el cual se estableció que desde el 22 de mayo de ese año, México se encontraban en estado de guerra, lo que terminaba con la neutralidad que había mantenido durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Tras el ingreso de México a la conflagración internacional entró en vigor el reclutamiento a través de la Ley del Servicio Militar Obligatorio. Al considerar el número importante mexicanos migrantes en Estados Unidos y en concordancia con los acuerdos de defensa hemisférica, el Congreso de la Unión autorizó que los mexicanos residentes en el extranjero pudieran prestar servicio militar en las repúblicas americanas para combatir a las potencias del Eje: Alemania, Japón e Italia. Así, oficialmente 15 mil ciudadanos mexicanos se incorporaron al ejército estadunidense y fueron enviados a combate, aunque se cree que la cifra podría ser mucho mayor. Para el gobierno de Ávila Camacho era importante garantizar los derechos y la nacionalidad mexicana de los mexicanos enviados a la guerra, en un contexto de discriminación de los migrantes residentes en Estados Unidos. Durante el conflicto, México tuvo una importante participación como proveedor de materias primas y alimentos que contribuyeron a mantener a flote la economía de Estados Unidos y de los países Aliados. Asimismo, 320 mil mexicanos formaron parte del programa Bracero, firmado entre México y su vecino del norte, para sustituir a los trabajadores agrícolas e industriales que partieron al frente. Aparte, se calcula que, al margen del convenio formal, una cifra similar de trabajadores migrantes cruzó la frontera para sumarse a estas actividades económicas. Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de suspensión de las garantías individuales, en el contexto del estado de excepción provocado por la entrada del país a la Segunda Guerra Mundial, así, los artículos de la Constitución Política que garantizaban la libre manifestación de las ideas, el trabajo libre y la libertad de prensa, fueron suspendidos, para garantizar la seguridad interior del país. Previamente, pero también en el contexto del conflicto mundial, se había incorporado al Código Penal el delito de “disolución social”, que sancionaba a mexicanos y extranjeros que difundieran “ideas, programas o normas de acción, de cualquier gobierno extranjero, que afecten el reposo público o la soberanía del Estado Mexicano”. Esta norma no despareció tras la conclusión de la guerra y fue empleada para “justificar” la represión en contra de diversos movimientos sociales, entre ellos los estudiantiles.